Editorial de Eugene Lapointe

¿Que es lo que las comunidades aborígenes esperan del Estado y del público en general? A pesar de su aparente complejidad, creo personalmente que la respuesta es simple: respeto. Estas comunidades merecen el respeto de los Gobiernos centrales y de los ciudadanos que eligieron a esos funcionarios.

En principio, mi respuesta puede parecer simplista, ya que seguramente estas comunidades esperan respuestas a temas importantes como el reconocimiento al dominio de sus tierras y cursos de agua - patrimonio histórico irrenunciable -, el acceso irrestricto a los recursos naturales de sus tierras, autoridad sobre la explotación del subsuelo de sus dominios, sin olvidar el reconocimiento de sus derechos ancestrales, tan a menudo vapuleados.

No obstante, deseo insistir que en que todas estas demandas tienen como común denominador el respeto, o más precisamente, la falta de respeto de la que las comunidades aborígenes son víctima por parte de los Gobiernos, las agencias multilaterales de cooperación y de las industrias extractivas. Si cualquiera fuese el Gobierno respetara los derechos de los pueblos originarios sobre sus tierras, pues no otorgaría la exploración de petróleo o gas de esas tierras sin antes emprender un proceso extensivo de consultas con esos pueblos, otorgándoles el derecho a participar en el desarrollo de esa exploración y el poder de control sobre el origen y desarrollo de esos emprendimientos. No hace falta aclarar, en este contexto, que si los pueblos en cuestión desaprueban ese tipo de propuestas de explotación, pues no habría nada más que hacer. Un proceso de consulta no tendría sentido si el derecho de una de las partes a rechazar una propuesta no es respetado.

Es triste reconocerlo, pero generalmente la relación entre un Gobierno Nacional y los pueblos originarios siempre se ha caracterizado por la falta de respeto del primero hacia el segundo. De manera similar, las agencias multilaterales de desarrollo, tales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, a menudo concluyen que la sabiduría de sus funcionarios, educados en las mejores instituciones que pueda ofrecer la civilización occidental, es palabra santa. Contrariamente a la realidad, estos individuos sostienen que la sabiduría es patrimonio de la cultura occidental y del mundo desarrollado. Desde su arrogancia ellos se preguntan por qué deberían escuchar a los "nativos".

Sospecho que muchos de nosotros sabemos exactamente por qué estas agencias multilaterales deberían pasar más tiempo con las comunidades aborígenes: porque muy a menudo los proyectos denominados "de desarrollo" que estas agencias financian terminan siendo verdaderos desastres ambientales de polución, muerte y degradación, que dejan escaso o nulo beneficio económico, educativo o cultural a las comunidades nativas afectadas. Habiendo dicho esto, debo reconocer lo que merece ser reconocido: aplaudo al Banco Mundial y demás instituciones comerciales por haber reconocido sus pecados, aun después de tanto tiempo, y por haber adoptado los Principios de Ecuador que permitirán gobernar el financiamiento de futuros proyectos. Si estos Principios se ponen en práctica - todos sabemos que estos compromisos retóricos no siempre se mantienen intactos cuando llegan a la etapa de implementación - podrían revertir las numerosas décadas de malas prácticas llevadas a cabo por esas mismas agencias multilaterales que supuestamente deberían ayudar a los países más necesitados.

Sin embargo, sería negligente de mi parte considerar que la única amenaza que pesa sobre los pueblos nativos es aquella de los bancos y las industrias. Muy a menudo las mismas organizaciones no gubernamentales que dicen proteger el medio ambiente y a las comunidades aborígenes, se arrogan el derecho de determinar por sí solas las prioridades e intereses de esos pueblos. Por ejemplo, la caza de focas en Canadá, una actividad que ha proporcionado sustento a la comunidad Inuit del Canadá durante muchos años. Antes que la caza comenzara, el año pasado, un grupo de activistas de ONGs abandonó sus oficinas en Washington DC y se dirigió hacia el Norte para protestar, y de ser posible detener, la caza. ¿No se les ocurrió antes consultar al pueblo Inuit acerca de la caza? Tal como lo mencionara antes, todo está relacionado con el respeto, o en este preciso caso, por la falta del mismo.

Cuando el gobierno del Reino Unido se dirige a las naciones africanas intimándolas a que detengan el consumo de carne silvestre ¿no les recuerda a una vieja institutriz que ordena a sus alumnos las tareas que deben hacer? ¿Cómo se sentirán los ciudadanos de Botswana, Zimbabwe, Namibia y Sudáfrica cuando las ONGs del primer mundo los instigan a que no vendan sus existencias de marfil - más allá de que provengan de excelentes programas de conservación- para financiar esos programas? Es increíble que este tipo de decisiones no se originen en Gaborone, Harare, Windhoek o Pretoria, sino en el mismísimo Londres o Washington.

Nadie mejor para administrar la fauna y la flora silvestres y demás recursos naturales que las comunidades aborígenes que cohabitan con esos recursos. Estos pueblos han vivido en esas tierras durante siglos y nunca experimentaron problema alguno con la sustentabilidad de su estilo de vida, hasta el momento en que perdieron el control sobre esas tierras y sus recursos. A esos gobiernos, industrias, bancos y ONGs les digo: denle a los pueblos originarios ese regalo que ustedes están en condiciones de brindar. El Respeto. Y el derecho a manejar sus recursos como lo han hecho desde tiempos inmemoriales.